Paraguay ha sancionado una ley pionera que establece un marco jurídico para el mercado voluntario de créditos de carbono, regulando una práctica que ya existía pero carecía de supervisión oficial. Esta normativa busca atraer inversiones internacionales al ofrecer seguridad jurídica a las empresas que desean compensar sus emisiones mediante proyectos ambientales locales, posicionando al país como un actor clave en la región para la venta de estos activos ambientales. El enfoque principal de la ley no es restringir las emisiones nacionales, ya que su contribución global es mínima, sino monetizar el activo ambiental que Paraguay posee. Al permitir que corporaciones externas financien la conservación local, el Estado espera generar una significativa entrada de capital y fomentar un modelo económico basado en la retribución a los conservacionistas, migrando de un enfoque sancionatorio a uno de incentivos por el desarrollo sostenible. Esta situación es crucial para entender el greenwashing porque transforma la responsabilidad ambiental en un commodity transable. Al regular la venta de créditos, se legitima la posibilidad de que empresas contaminantes en el extranjero continúen sus prácticas dañinas simplemente comprando "permisos" de limpieza en países con bajas emisiones. Esto plantea el riesgo de que la legislación sirva más para blanquear la imagen corporativa global y atraer fondos de inversión que para lograr una reducción real y efectiva del carbono a nivel mundial, perpetuando una economía donde la conservación es un servicio pagado más que una necesidad compartida.
Source: lanacion.com.pyPublished on 2023-10-10
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