Legal community flags concerns over proposed freeze on greenwashing litigation
El gobierno australiano propone una prohibición de tres años contra las demandas privadas relacionadas con el clima, protegiendo a las empresas de litigios mientras se adaptan a las nuevas reglas obligatorias de divulgación. Esta moratoria tiene como objetivo prevenir la reticencia corporativa, pero genera una gran alarma entre los grupos legales y ambientales, quienes argumentan que obstaculiza la rendición de cuentas y la justicia en casos de supuestas prácticas de greenwashing. Los críticos advierten que esta pausa podría detener las acciones legales en curso contra empresas como Santos, posiblemente frenando los esfuerzos para hacer cumplir los estrictos objetivos de reducción de emisiones de Australia. Al otorgar a los organismos reguladores la exclusiva potestad de aplicación, la política corre el riesgo de socavar las consecuencias legales inmediatas necesarias para frenar las declaraciones climáticas engañosas durante el período de transición. Esta tensión destaca la intersección crítica entre la regulación corporativa y la rendición de cuentas por greenwashing. Sin acceso a litigios privados, las víctimas de afirmaciones ambientales engañosas pueden carecer de recursos efectivos, debilitando la integridad de las divulgaciones financieras y obstaculizando la acción climática genuina, a pesar de las nuevas normas de información.
Source: proactiveinvestors.com.auPublished on 2023-11-06